Anthony Esposito para Reuters

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) – Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Suiza, sedes de algunas de las empresas alimenticias más importantes del mundo, están presionado a México para que retrase la ley que obligue a poner una información detallada en las etiquetas de los alimentos y bebidas procesados, según un documento de la Organización Mundial del Comercio.

La norma mexicana, programada para entrar en vigor en octubre, requerirá un etiquetado nutricional en la parte frontal del paquete que describa claramente los riesgos para la salud cuando esos productos contengan un alto contenido en azúcares, calorías, sal y grasas saturadas o transfat.

México, el mayor consumidor de alimentos procesados ​​de América Latina y el cuarto del mundo, lleva luchando decenios para reducir las altas tasas de obesidad y diabetes que padece una buena parte de la población. Esta crisis sanitaria se ha visto agravada por el nuevo coronavirus, que golpea con especial dureza a las personas que padecen estas enfermedades.

La obesidad alcanzó proporciones epidémicas en México después de que se uniera al Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá a principios de la década de 1990, lo que hizo que los alimentos procesados ​​estuvieran más disponibles, según han demostrado varios estudios.

La semana pasada, el estado de Oaxaca, en el sur de México, prohibió la venta, distribución y publicidad de comida basura y bebidas azucaradas a los niños, convirtiéndose en el primer estado del país en tomar esta medida.

Según las actas de la OMC de una reunión del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio del 13 al 14 de mayo, publicadas el lunes, la delegación de Estados Unidos dijo que apoya el objetivo de salud pública de Méjico de reducir las enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta, pero le preocupa que el etiquetado pueda ser «más restrictivo para el comercio de lo que sería necesario para cumplir con los objetivos legítimos de salud de México».

“México ha elegido normas para los alimentos más estrictas que los establecidos por otros países”, dijo la delegación de Estados Unidos, citando las opiniones del gobierno y de nueve grupos comerciales.

Estados Unidos, Suiza, Canadá y la UE se opusieron a la fecha de implementación del 1 de octubre. Washington y la UE pidieron un retraso de dos años, mientras que Canadá pidió que el inicio se retrasara 12 meses. Suiza instó al aplazamiento sin especificar fechas.

Washington dijo que se necesitaba una demora «a la luz de la pandemia global de COVID-19, que ha ejercido una presión significativa sobre la industria de alimentos y bebidas».

El gobierno mexicano no respondió de inmediato ni hizo comentarios, pero un funcionario del gobierno mexicano con conocimiento del asunto, que declinó ser identificado, dijo: «Les dijimos que no habría tiempo adicional».

Pepita Barlow, assistant professor of health policy at the London School of Economics and Political Science, comentó que los países que albergan importantes multinacionales de la alimentación, como Suiza, Estados Unidos y la UE, se opusieron con mayor fuerza a las nuevas normas alimentarias, centrándose en los costos comerciales y las ganancias.

El funcionario del gobierno mexicano dijo que los países que se oponen al estándar de México están actuando para descarrilar los cambios y anteponer sus intereses a la salud pública.

El sector privado mejicano también se ha opuesto a las nuevas reglas. Jaime Zabludovsky, presidente del grupo de presión ConMexico, que representa a las empresas de alimentos y bebidas, dijo recientemente que las etiquetas confundirían al público, según el medio mejicano Aristegui Noticias.

El funcionario gubernamental declaró que Coca-Cola Co (KO.N), PepsiCo Inc (PEP.O), Nestlé (NESN.S) y la panificadora mexicana Grupo Bimbo (BIMBOA.MX) estaban entre las empresas que solicitaron un retraso, si bien, hasta la fecha, no han hecho ningún comentario. Tampoco los representantes de las embajadas de Estados Unidos, la UE, Canadá y Suiza.

SONDAS: Las grandes corporaciones, antiguas multinacionales, son las verdaderas catalizadoras del poder. El gobierno mejicano no se enfrenta al gobierno norteamericano o canadiense, sino a empresas privadas, tan fuertes, que pueden obligar a esos gobiernos a aplazar la entrada en vigor de leyes o, incluso, a derogarlas.

¿Por qué entonces votamos a los candidatos a la presidencia de un país, cuando no son ellos los que deciden, planifican, ordenan y legislan? No obstante, es una situación inevitable en el ámbito del capitalismo. Esa era la posición de Ayn Rand –si somos un país capitalista, no debemos ponerle cortapisas al capital ni a sus “héroes”, los empresarios. Ambos deben fluir libremente, en los mercados, en las bolsas, en la riqueza. ¡Seamos consecuentes con nuestros principios! ¡Seamos coherentes! Pero la coherencia no puede ser el dejar que los ríos fluyan sin cauce, pues entonces pierden toda su utilidad, generando una fuerza destructora. El capital puede fluir libremente, pero dentro de un cauce, dentro de un equilibrio de fuerzas, de una objetividad que se oponga a la subjetividad que decretan los intereses de grupos de presión.

Y esos grupos de presión están acabando con la forma de vivir natural, objetiva, divina. Su flujo discurre entre armas de destrucción masiva, productos tóxicos envueltos en bien camuflados venenos, contaminación y una forma de vida afinada con los artilugios tecnológicos en vez de con el ritmo natural. Según estos gobiernos y sus corporaciones se debe retrasar el que la gente deje de consumir estas bebidas saturadas de azúcares y otros productos para que estas corporaciones puedan seguir obteniendo pingües beneficios.

Las aguas se han desbordado y Méjico debe prepararse para una guerra.